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Es necesaria una profunda  reformulación de la evaluación de políticas públicas  (EPP) en España. Es preciso que, de una vez por todas, junto con la transparencia y la participación ciudadana, se constituya la tercera pieza del 'trípode' que promueve el buen gobierno y el derecho de los ciudadanos a la buena administración, reconocido por la  Carta de Derechos Fundamentales de la  Unión Europea , además de en diversos estatutos de autonomía, leyes y jurisprudencia. No se trata tan solo del necesario control de ejecución y legalidad del gasto público, algo que ya se viene realizando desde hace mucho tiempo, sino de intervenir antes, durante y después del proceso de las políticas públicas para aumentar su racionalidad y mejorar su eficacia, eficiencia y sus impactos sociales. Hoy, más que nunca, necesitamos saber qué se hace con el  dinero público  y para qué sirve realmente.

Para quienes defendíamos la necesidad de institucionalizar la EPP en nuestro país, la creación en 2006 de la Agencia Estatal de Evaluación de la Calidad de los Servicios y de las Políticas Públicas (Aeval) representó el reconocimiento de una demanda social y la apertura de un nuevo marco para la  acción pública . En efecto, se trataba, por una parte, de cubrir el  déficit  de 'cultura evaluadora' en el seno de la Administración, de manera efectiva y operativa, fomentando la creación de un sistema de evaluación de la acción de los poderes públicos. Pero, además, se perseguía racionalizar la intervención pública, conectándola a unos resultados de bienestar social, e informar y abrir cauces a la participación ciudadana; en última instancia, se buscaba, sobre todo,  contribuir a la mejora de la democracia .

Este es el caso de  Iberdrola, que fue socio estratégico de Bankia,  entidad que se anotó grandes pérdidas al vender los títulos adquiridos en los momentos álgidos de Bolsa. Bankia llegó a tener el 5% de la eléctrica y tuvieron consejeros cruzados. Iberdrola perdió su demanda en primera instancia en marzo pasado. Reclamaba 12,4 millones y fue condenada a pagar las costas porque el juez consideró que tenía más capacidad de análisis que los pequeños inversores e intereses diferentes de la rentabilidad financiera de las acciones. Iberdrola ha recurrido a la Audiencia Provincial.

Además, recuerda que el presidente de Festina-Lotus admitió que adquirió las acciones “por vincularse societariamente con las entidades prestamistas para asegurarse líneas de crédito para desarrollar su actividad empresarial y compensar el interés”. Porcelanosa es otra que ha perdido en los tribunales.  El grupo Villar-Mir, que reclama 20 millones,  está a la espera de que se fije fecha para el primer juicio. Según señalaron fuentes cercanas al grupo, dicha inversión fue efectuada a través de las compañías OHL, Ferroatlántica y Fertiberia, quienes acuden a los tribunales por separado. El que fuera consejero delegado de OHL, Javier López Madrid, era consejero de Bankia y está imputado por las tarjetas black .

El romance iba viento en popa mientras estaban en línea, y siguió luego de que se conocieran en persona. El presunto novio, a quien la  página  decidió mantener en el anonimato, le propuso matrimonio a quien pensó que sería el amor de su vida. Ella aceptó y no fue hasta el día después de su casamiento, que el flamante esposo pudo ver a su mujer sin el maquillaje que había creado el rostro que había enamorado a su esposo.

El empresario, dueño del Real Murcia, realizó una serie de inversiones inmobiliarias que explotaron a Santa Mónica con el pinchazo de la burbuja del ladrillo. La empresa de Samper siguió vendiendo los derechos televisivos de los amistosos de la Selección,  Lloyd Armand, Náuticos para Hombre Negro negro
. Con el agravante, además, de que esto ocurrió durante los años de mayor gloria de la Selección, disparando automáticamente su caché.

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